Entrevistas
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Un joven estudiante de derecho se topa con el documental “El rati horror show”, que narra la causa armada contra un hombre inocente. Algo en su interior resuena y marca un posible camino. Unos años después, su trabajo en una defensoría pública lo enfrenta con la realidad de nuevos relatos de inocencia y con las piezas de un sistema que falla.
Román De Antoni es abogado y docente de la Universidad Nacional de la Plata, Magíster en Derecho Penal (UdeSA) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Centro Internacional de Estudios Políticos, UNSAM).
Desde 2022 gestó y dicta, junto a un equipo interdisciplinario, el Seminario Prueba Penal y Error Judicial en la Universidad Nacional de La Plata, que aborda el problema de los errores judiciales vinculados con la valoración de las pruebas, a partir del análisis de casos reales en los que se han revocado condenas impuestas a personas inocentes.
¿Qué piezas del sistema fallan cuando un inocente es condenado por un crimen que no cometió? Si bien la respuesta es “muchas”, tal vez una posible opción de cambio y mejora radique en el ámbito educativo. ¿Cómo estamos formando a nuestros futuros abogados y abogadas? ¿Qué herramientas les estamos entregando? ¿Cuál es la responsabilidad que le compete a la academia cuando una persona inocente termina tras las rejas?
Hablamos con Román De Antoni sobre el Seminario Prueba Penal y Error Judicial y la apuesta que hacen para formar a una nueva generación de litigantes.
—¿Cuál dirías que es el estado actual de la educación científica en la carrera de abogacía, relacionado específicamente con el derecho penal? ¿Cuáles son los problemas o vacíos más prioritarios a resolver?
Román De Antoni: En materia de prueba pericial, la formación es escasísima, lo que implica que en la formación de abogados y abogadas no tengamos por lo general conocimientos mínimos sobre los problemas que lleva en sí la prueba de expertos. Esto se traduce en que, en la práctica, muchas veces le otorgamos un valor sacramental al testimonio de peritos, sin cuestionarnos todos los problemas que hay con respecto a, por ejemplo, los métodos que utilizan, o sin preguntarnos si la técnica que están empleando se encuentra actualizada. Sin cuestionarnos los sesgos que puede llegar a tener ese perito o ese experto que está analizando una determinada evidencia.
Es decir, hay un sinfín de problemas en el ámbito probatorio que en la práctica formativa no forman parte históricamente de nuestras currículas. Entonces, quisimos crear en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata un espacio para repensar este tipo de prácticas porque nos pareció importante por lo menos cuestionarnos el valor que tienen ciertas pruebas en la práctica de los tribunales penales, entre ellas, la llamada prueba de expertos.
En el ámbito de los juicios orales o en análisis de las evidencias es muy común observar la presencia de la denominada falacia de autoridad: “si lo dice un perito, entonces es verdad”. Sin cuestionarnos si quien hace esa afirmación es realmente un experto en el campo específico, la fiabilidad del método empleado, o los problemas que puedan surgir al analizar esa evidencia. Es decir, muchas veces, lo que dice un perito en el marco de un juicio oral toma el carácter de verdad revelada, sin ponernos a cuestionar todos los problemas que hay en relación a este tipo de evidencias. Tampoco contemplamos que los peritos dictaminan en base a cuestiones probabilísticas, no arrojan certezas absolutas. Eso muchas veces no se pone en discusión para pensar, por ejemplo, cuál es el rango de error que pudo haber en relación a una metodología empleada.
En definitiva, son todas cuestiones que están surgiendo en debate desde hace pocos años en la academia y lo que pretendemos es que los estudiantes que pasan por este curso de formación puedan emplear, desde un espíritu crítico, cuestionamientos sobre el uso de ciertas prácticas probatorias que aumentan exponencialmente la probabilidad de cometer errores.
—¿Creés que es necesario replantear la currícula de la carrera de abogacía? ¿Cuál pensás que sería la mejor manera de introducir estos conocimientos?
Creo que sería necesario revisar nuestros programas de formación e incorporar una materia obligatoria vinculada al estudio de la prueba, en la que un eje central sea la relación entre la ciencia y el derecho. Esto no solo en lo referente a la justicia penal, sino también en otras ramas, para entender el trabajo científico y los principales desafíos relacionados con la producción y valoración de la prueba pericial. Sería muy beneficioso que esta formación tuviera un enfoque interdisciplinario y promoviera el diálogo con peritos, ya que la prueba pericial abarca múltiples áreas. Muchas veces, los profesionales de la justicia no sabemos distinguir estas ramas; imaginen lo difícil que puede ser para un estudiante de grado identificar las distintas experticias.
Considero que una materia de esta índole, tal vez a mitad de la carrera o al final de esta, sería sumamente productiva. Creo que los abogados y abogadas necesitamos cuestionarnos algunos déficits en nuestra formación, y uno de ellos es, precisamente, la valoración que le damos a la prueba pericial en la práctica.
—¿El tema está en agenda (de universidades, directivos, docentes) para que se genere efectivamente un cambio?
Hoy en el ámbito académico, el análisis y el estudio de la prueba está cobrando una importancia que no se le daba. Eso hace que dentro de las distintas temáticas que se analizan en función de la prueba, ingrese el análisis de la prueba pericial. Sin embargo, todavía esto es algo muy incipiente, muy novedoso y la mayoría de los abogados no solemos verlo.
El estudio de la prueba está ganando popularidad, especialmente en Europa. Por ejemplo, en el mundo hispanohablante, existe una escuela en Girona (España) que está replanteando varias cuestiones probatorias y está teniendo una gran influencia en América Latina. En Argentina, este tema también está resurgiendo, especialmente a partir de la implementación de los juicios por jurados. En el sistema acusatorio, la cuestión probatoria ha cobrado una nueva relevancia, ya que es fundamental que los abogados y abogadas litigantes estén capacitados para presentar y cuestionar evidencias. Esto hace que la formación sobre valoración, obtención e interpretación de la prueba pericial empiece a tener un rol más preponderante que el que solía tener. Sin embargo, todavía es necesario profundizar los conocimientos con relación a la prueba de expertos, porque, desde mi humilde opinión, creo que con lo que hoy tenemos no alcanza.
Honestamente veo complicado que haya en lo inmediato un cambio general en las currículas de grado. Acá, en la Facultad de Derecho de La Plata se cambió hace pocos años un programa que tenía más de 30 años, y si bien se incorporó una materia dedicada al pensamiento científico, la cuestión probatoria como materia independiente aún no ha ingresado. Soy optimista, creo que a la larga vamos a tener alguna materia, pero no lo veo en el corto plazo.
Sí me parece que el tema probatorio cada vez se está estudiando más y cada vez hay mayores inquietudes por parte de profesionales para formarse sobre estos temas, especialmente, en espacios de posgrados. Y una de las mayores inquietudes de formación pasa por la prueba de expertos. Es lógico. Los abogados sabemos muy poco sobre la prueba de expertos y queremos saber, por ejemplo, cómo trabaja un perito, conocer las problemáticas que hay con relación a ciertos protocolos que utilizan, conocer cómo se trabaja en un laboratorio forense, etc. Hoy el avance de la ciencia y el avance de la tecnología corren a una velocidad vertiginosa y la formación tradicional se ha quedado muy atrás. Tenemos que aggiornar nuestros programas de estudio al avance que la ciencia nos está demandando y que implica, en definitiva, incorporar contenido que tiene acompañamiento empírico. No podemos, en la práctica tribunalicia, estar validando técnicas que la investigación científica está abandonando.
Para ilustrarlo con un ejemplo, hay casos judiciales en los que ciertos expertos se han basado en técnicas específicas que la comunidad científica consideraba válidas en un momento dado y, con el tiempo, algunas de esas técnicas han sido abandonadas porque nuevas investigaciones empíricas demuestran que no eran tan fiables como se creía. En el seminario, analizamos numerosos casos judiciales en los que se presentan pruebas con un aparente sustento científico, como el llamado Síndrome de bebé sacudido, donde la presencia de una triada de síntomas en el niño se asociaba al maltrato infantil. Numerosas personas han sido condenadas a años de prisión con base en la opinión de expertos que detectaron este “síndrome”, incluso a la pena de muerte. Sin embargo, la ciencia avanza constantemente y nuevos estudios empíricos han demostrado que esas técnicas no son confiables. El derecho debe ser consciente de estos avances científicos; de lo contrario, enfrentamos un serio problema.
—¿Por qué es importante incorporar la interdisciplinariedad en la enseñanza del derecho?
Hoy en día, no podemos limitarnos a formarnos únicamente con las perspectivas de los abogados y abogadas. Al resolver un conflicto judicial intervienen diversas ciencias y disciplinas, y es necesario tener conocimientos mínimos sobre su métodos de trabajo, sus enfoques y los aspectos que debemos mejorar como abogados en nuestra práctica si nos interesa disminuir los errores. La relación entre el derecho y otras ciencias es estrecha, y por ello, creemos fundamental crear un espacio de formación que incluya a expertos de otras áreas. Este es uno de los grandes desafíos actuales que tenemos con el equipo docente que conformamos el seminario.
—¿Cómo surge la idea del seminario? Contanos sobre la propuesta y cómo se lleva adelante.
El seminario surgió de una inquietud personal relacionada con el tema, algo que despertó en parte gracias a Javier Guzman y Mario Coriolano, docentes de la Cátedra I de Derecho Procesal I con los que colaboré en sus comisiones y que desafortunadamente fallecieron. Ellos contagiaban a sus estudiantes preocupaciones genuinas en estos temas. Luego de sus partidas, sentía que había un vacío y quería promover un espacio dedicado exclusivamente a prácticas probatorias y errores judiciales. Presenté la propuesta a una docente de la Cátedra, Valeria Huenchiman, quien hoy es la directora del seminario, junto con Carlos Capandegui, colega y amigo, y pudimos implementarlo tras la aprobación de las autoridades de la Facultad en 2022.
En el seminario participan docentes de distintas ramas. Contamos con la participación de profesores de Innocence Project Argentina y de la Asociación Pensamiento Penal. También intervienen diversos funcionarios judiciales que han relatado algunos casos muy resonantes en los que han participado. Además, hemos recibido testimonios en primera mano de víctimas de condenas erróneas, como Jorge González Nieva, Martín Muñoz y otros, quienes han compartido con los estudiantes su experiencia de pasar muchos años en prisión siendo inocentes y el sufrimiento que conlleva ser una víctima de un proceso injusto.
En el seminario, también abordamos problemas relacionados con la psicología del testimonio, incluyendo los problemas de la prueba de reconocimiento, la memoria de los testigos y la valoración del lenguaje no verbal —una práctica que no tiene sustento empírico pero que, hoy en día, es muy utilizada en la práctica tribunalicia-. El tema de la credibilidad de los testigos suele ser vital y la poca fiabilidad de analizar la veracidad en base a gestos o expresiones faciales ya ha sido demostrado con un montón de investigaciones empíricas que no tienen sustento científico. Entonces, ¿por qué todavía los abogados seguimos utilizando eso? Para eso está este seminario, para romper un poco con ese tipo de prácticas y plantearnos problemáticas que no se suelen cuestionar.
Por último, no quiero dejar de mencionar que analizamos también patrones de causas armadas, el uso de sesgos o prejuicios en la valoración de la prueba -entre ellos, en casos de género-, y los problemas de análisis de la evidencia forense, como el uso de pseudociencias o ciencia basura. Planteamos también los desafíos que hay con relación a la presentación y admisibilidad de evidencias en el juicio por jurados y algunas cuestiones vinculadas a la errónea valoración de la evidencia digital. Y hoy estamos incorporando, por primera vez, los riesgos de error vinculados a la valoración de prueba obtenida con inteligencia artificial.
—¿En los medios de comunicación también existe este manto sacramental sobre las pruebas periciales?
Definitivamente. Los medios influyen muchísimo, especialmente en casos que adquieren notoriedad pública. En muchas ocasiones, su impacto en los procesos judiciales ha sido significativo. Esto puede explicarse por diversas causas. Primero, la autoridad percibida de los profesionales que emiten dictámenes periciales puede llevar a que sus opiniones sean aceptadas sin cuestionamientos. Segundo, los medios suelen simplificar la información para hacerla más accesible al público general, lo cual puede resultar en una interpretación sesgada de los hechos. Y, por último, las narrativas sensacionalistas tienden a captar la atención del público, lo que puede llevar a la exageración o distorsión de la realidad.
Por otra parte, hemos visto casos donde los resultados de un primer dictamen profesional, que tiene un valor meramente indiciario en el proceso judicial, es presentado por la prensa como si fuera una sentencia definitiva. Esto puede tener impactos notorios en el desarrollo del caso, ya que la opinión pública influenciada por los medios ejerce presión sobre los actores del sistema judicial, y conllevar a aumentar la probabilidad de la presencia de sesgos de confirmación con la hipótesis inicial, haciendo que los investigadores busquen únicamente la información que respalde el dictamen preliminar, en lugar de evaluar todas las evidencias de manera objetiva.
En suma, son un sinfín de problemas muy actuales que creemos necesario debatir en un espacio de formación con estudiantes de grado como es este Seminario de Prueba Penal y Error Judicial. Lo que buscamos es despertar el interés y, sobre todo, la curiosidad que sentimos —especialmente en nuestra juventud— por luchar contra las arbitrariedades. Así que, en definitiva, es un espacio para formarnos y luchar contra las injusticias.