Entrevistas
Los cuerpos (no) hablan: mitos que sostienen la relación entre ciencia y justicia
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Luis Fondebrider es Doctor en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y especialista en Antropología Forense. Luego del retorno a la democracia en la Argentina, en 1983, Luis cofundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con el objetivo de identificar a víctimas de la última dictadura militar.
Por su excepcional trabajo en la Argentina, el EAAF es ahora reconocido a nivel global por su participación en la identificación y restitución de personas desaparecidas. Su trayectoria abarca más de 30 países, incluyendo ex-Yugoslavia, Filipinas, Perú, El Salvador, Sudáfrica, Etiopía, México, Colombia, Chipre y Rumania.
Luis fue presidente de la organización hasta el año 2021. Luego partió a Suiza, donde fue director de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja hasta finales de 2022. Actualmente trabaja como consultor y reside en Madrid.
Desde su vasta experiencia, Luis explora la relación de las ciencias forenses con el derecho, sus limitaciones, fortalezas y, sobre todo, enfoca su mirada en los vacíos que demandan un trabajo comprometido y urgente.
Innocence Project Argentina: Existen frases que parecen sobrevolar el mundo judicial y construyen un “sentido común” con respecto a la relación entre ciencia y justicia, como “los cuerpos hablan / la evidencia habla / en mi opinión como experto”. ¿En qué ideas se basan y qué sentido construyen en el ámbito jurídico/social?
Luis Fondebrider: Creo que esas tres frases dan una visión muy superficial de lo que es la ciencia y su interacción con la justicia. Son frases que se dicen como cliché y que no solamente las dice gente común sino que son usadas por los operadores de justicia, como jueces, fiscales, abogados, policías y forenses en general.
Si bien del tema “ciencia y justicia” se habla muy poco en la Argentina, a veces cuando se habla se lo toma como algo muy teórico, a pesar de que es algo que tiene que ver con la realidad cotidiana en todos los lugares de Argentina en donde se investigan casos desde el punto de vista criminal. Ya sea en juzgados, fiscalías, laboratorios, institutos de medicina legal, estos son temas que tienen una complejidad difícil de asumir porque queremos respuestas simplistas y que pasen por lo que ve el ojo de una persona. Y si hablamos de ciencia tenemos que hablar de complejidad, de aspectos que no son blanco o negro. Tenemos que hablar de probabilidades, de errores de parte de los que hacemos ciencia y de los que imparten justicia. Y también de sesgos, tanto del científico como de las personas que intervienen en un proceso judicial.
Por eso, me parece importante desmitificar estas frases que sirven para los periodistas o para alguna novela policial de baja calidad, pero no para entender lo que significa la ciencia aplicada al derecho.
IP: ¿Qué sería, en definitiva, lo que la ciencia puede aportar realmente al mundo jurídico?
L.F: La ciencia aporta un tipo de información científica que ha sido probada, validada y corroborada. Pero sobre esa información científica debe ser establecido el grado de error en cada peritaje. Si yo digo “este señor estaba alterado cuando cometió el hecho”, tengo que poder valorar cuán alterado estaba. Si yo digo que esta persona tenía manchas de sangre bajo la línea de sus uñas, tengo que demostrarlo y explicar qué tipo de ADN tenía, etc. Es decir, la ciencia le da a la justicia elementos que buscan ser lo más objetivos posibles y con el menor margen de duda y a la justicia le toca analizar esos elementos, valorarlos.
Por supuesto, un abogado no es un científico y tiene limitaciones en ese sentido. Ese es uno de los problemas que hay en todo el mundo, no solo en Argentina. Pero se supone que los especialistas forenses, los peritos, son asistentes de la autoridad judicial y van aconsejando para que entiendan qué significa la prueba científica, cómo se puede valorar y conozcan qué pruebas científicas son válidas y cuáles no.
Hay una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América del 93, que dice que para aceptar evidencia científica esta debe atenerse a varios criterios: que sea una prueba científica validada por la comunidad de expertos, que haya sido probada por varios colegas y que además sea posible valorar el margen de error que tenga esa prueba científica. Eso sí lo pueden hacer los abogados. No se le exige al abogado que sea un científico sino que contemple estos criterios cuando están analizando este tipo de pruebas.
IP: Entendemos que hay dos hitos, bastante recientes, que implican el replanteo de las metodologías de la investigación forense en Estados Unidos y parte del mundo. ¿Podrías contarnos un poco al respecto y su repercusión en el ámbito forense y jurídico?
L.F: Estos hitos tienen que ver con el trabajo de algunos abogados estadounidenses que deciden revisar sentencias de personas que estaban en la cárcel y que habían sido acusadas a través de pruebas que se llaman de identificación. Por ejemplo, una persona muerde a otra y la marca que deja esa mordedura sirve para identificar quién es el victimario o un cabello o cualquier otro tipo de registro de identidad. Esto comienza a ser criticado por los abogados en los Estados Unidos. En el año 2000, más o menos, la Academia de Ciencias de Estados Unidos convoca a un grupo de científicos de diferentes disciplinas forenses y hacen un informe que se llama “Fortaleciendo la ciencia en los Estados Unidos”. Ese informe lo que dice no es que no sirven estos procedimientos, sino que les falta mucha investigación básica. Es decir, se los utiliza sin el chequeo necesario. Hay problemas de control de calidad, de certificación, de acreditación en laboratorios. Es decir, el informe apunta a la falta de rigurosidad y a basarse en un falso estándar: “yo soy un experto y porque yo lo digo, tengo razón”. Estos abogados comienzan a cuestionar a esos expertos y este informe de científicos lo que pide es hacer una revisión completa del ámbito de la ciencia forense en los Estados Unidos y Canadá. Es una revolución no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo.
Así, comienzan a revisarse muchos estándares. En primer lugar, lo que tiene que ver con el trabajo que hace la gente de criminalística, los especialistas en rastros, huellas dactilares, los odontólogos que hacen análisis de mordidas. Esta revisión da la posibilidad de decir que estas técnicas no tienen ese 100% de validez que se les atribuye.
Así, se vuelven a poner las cosas en el lugar del que no deberían haber salido: la ciencia nunca es exacta y siempre tiene un grado de incertidumbre que tenemos que valorar.
A partir de ahí, a los pocos años el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, encarga un análisis (1) a otra comisión sobre este tipo de pruebas. Se revisan miles de expedientes judiciales con peritajes y se descubre que muchas de las afirmaciones basadas en esos peritajes no tienen la menor validez y mucha gente había sido sentenciada con ellos.
Ahí comienza una especie de cambio de paradigma, como dicen algunos abogados, que pone en cuestión la información científica basada en la experiencia y se pide que se deje de valorar aquella como único elemento de análisis, incorporando el razonamiento científico que explique por qué yo digo que esto es blanco o cualquier otra afirmación. Esto sucedió en Estados Unidos, un poco en Inglaterra y en Australia, y salvo algunas excepciones, es casi desconocido en Argentina. Entonces, se siguen tomando decisiones basadas, por ejemplo, en lo que uno ve en una cámara que está en la calle, es decir, basadas en el principio de experiencia. Mucha gente empieza a ir a la cárcel por hechos que no cometió. Y son precisamente esos casos los que generan el surgimiento del proyecto inocente en Argentina. Pero el problema es que estas cosas siguen sucediendo en nuestro país, como en muchos otros países, porque la gente que está a cargo de las ciencias forenses decide no invertir en controles de calidad porque son caros y llevan un trabajo muy específico. Para este tipo de procesos hay que prepararse, adquirir equipamiento y capacitarse. Sin embargo, lo que es inversión en ciencia se toma como un gasto más.
IP: En Argentina, ¿de quién depende todo este gran movimiento de cambio de paradigma?
L.F: Es una decisión política porque las fuerzas de seguridad en Argentina dependen del Ministerio de Seguridad y son uno de los principales productores de pericia criminalística del país, empezando por las policías y Gendarmería, así como los especialistas forenses que dependen del Poder Judicial y de Fiscalías.
Así que son los poderes públicos los que tienen que decidir hacer estas inversiones y cambiar este paradigma. Por supuesto, tiene que haber una voz de liderazgo a nivel forense que entienda que las cosas no pueden continuar de esta manera y que hay que cambiarlas porque se están cometiendo errores. Y tiene que haber también diálogo con quienes somos científicos forenses. Nosotros somos asistentes técnicos de la autoridad judicial. No tomamos la decisión final, aunque a veces los fiscales nos ponen en situaciones donde nos hacen decir cosas que no debemos decir. Uno da una opinión técnica y el fiscal después decide qué hace con esa información y con otros datos que tiene para el caso.
Hay una falta absoluta de liderazgo a nivel forense en el país. Argentina está compuesta por 24 provincias, cada una es autónoma, cada una tiene su sistema forense, su propio protocolo. Es muy difícil homogeneizar prácticas estándares para todo el país. Hay algunos proyectos en Córdoba, en Neuquén, por ejemplo, pero son excepciones. Y las generaciones se siguen formando con deficiencias. También tenemos todo el tiempo revisiones de casos, autopsias, exhumaciones, etc. porque hay incertidumbre cuando un forense dice tal cosa u otra.
IP: Hablemos de los diversos actores que terminan interactuando dentro del sistema jurídico: ¿cuáles son sus responsabilidades dentro de esta problemática que tenemos? Y ¿cuáles serían las acciones que se esperaría de cada uno para empezar a corregir y generar un mínimo cambio?
L.F: Yo comenzaría por el techo, que son los fiscales, jueces, abogados, defensores y abogados de parte, porque ellos tienen la responsabilidad mayor. Ellos son los que definen un caso. Entonces, para ellos se trata de acciones muy sencillas. Casi nunca un juez o un fiscal va al Instituto de Medicina Legal a ver una autopsia. Casi nunca los fiscales en Argentina van a la escena del crimen a ver cómo se hace un levantamiento y a dar directivas, salvo que sea un caso importante. En general, este trabajo lo delegan en las fuerzas de seguridad. Los fiscales y jueces tienen que asumir la dirección de todo el proceso y hacer las consultas que sean necesarias.
En segundo lugar, las fuerzas policiales son el ente que ejecuta. Entonces, la policía tiene que estar controlada, tiene que cumplir auditorías externas e internas, producir manuales de procedimiento, hacer control de calidad para lo que está haciendo en la escena del crimen. Tienen que seguir directivas que se obtienen en los procesos de control de calidad internos, la certificación, la acreditación, la revisión de informes periciales.
Y luego los especialistas forenses de las diferentes áreas del conocimiento. Estos tienen la responsabilidad dentro de su propia disciplina de establecer también esos controles y dar un informe que pueda ser dado a inspección por las partes y por otros pares.
En el caso de Argentina, ser médico forense fue una salida laboral quizás más sencilla para un médico que no pudo seguir una especialidad como cardiólogo, neurólogo o lo que sea. Hay mucha gente muy buena que realmente tiene pasión y es muy seria pero muchas veces esto no sucede. Ese médico forense que trabaja con las fuerzas de seguridad, con las policías o con los juzgados se fue quedando de a poco. No se especializó porque nadie se lo exige. Y es muy raro que un médico forense que comete un error sea procesado o que vaya preso. Las consecuencias a mediano y largo plazo son graves. Si vos vas a un congreso de medicina forense en Argentina es incomparablemente menor la calidad que uno de cardiología o de nefrología.
El sistema médico legal, que es la pieza fundamental de un sistema forense, tiene que funcionar como un hospital, con la misma cantidad de especialistas, las mismas disciplinas, los mismos controles de calidad. Acá no ha funcionado así, salvo algunas excepciones.
Si yo, además de médico forense, tengo mi consultorio privado, mi clínica privada o trabajo en un hospital, es muy difícil que me pueda dedicar a la formación, a investigar en ciencia forense. Tengo dos trabajos porque esa es la realidad. Entonces, si cuando uno los cuestiona, un médico forense te dice “yo hice 5000 autopsias, esto lo vi muchas veces”, eso es un principio que puede funcionar para una charla de café pero no para discutir ciencia y derecho.
Hay muchas especialidades forenses y debemos tener cuidado con lo que se llama “los todólogos”, los que saben de todo y opinan de todo lo que existe. Esa gente en general va a la televisión o la radio y opinan de lo que sea. Esos son los peligrosos.
Y, finalmente, hay que saber que hoy en día en ciencia forense no se trabaja más con uno, dos o tres especialistas. Necesitamos equipos multidisciplinarios con especialistas de disciplinas no tradicionales en el ámbito forense como la física, la matemática, la química, la geología, que no trabajan habitualmente en las policías sino en las universidades y que muchas veces pueden dar una versión mucho más profunda del hecho que se está investigando.
Un ejemplo concreto es el programa que inició en el año 2015 el CONICET (2), que pone al servicio de la Justicia todos sus institutos y se han hecho aportes importantes, desde los de Física Forense –con Willy Pregliasco, de Bariloche– pasando por cuestiones de neurociencias para ver cómo se generan las memorias. Este programa ha sido de utilidad pero todavía mucha gente, muchos jueces, fiscales, no lo conocen. Así que ahí va con ciertas limitaciones, pero existe y es importante que lo conozcan en todo el país.
IP: Has mencionado en otras entrevistas la necesidad de desvincular lo pericial de lo policial y reubicarlo en lo científico específicamente…
L.F: Sí. Si estamos hablando de ciencia forense estamos en el terreno de la ciencia y no de las cuestiones policiales. A pesar de que la policía tiene servicios periciales, por ejemplo, para evaluar un proyectil, para evaluar una droga, etc., hay que independizarse y profesionalizarse, tienen que ser científicos.
¿No puedo tener un grado policial y además ser criminalista? En mi opinión hay que separar las dos cosas. Hay que tender a la autonomía de la ciencia, que es lo que pasa en lugares más avanzados del mundo, donde funcionan institutos que tienen colaboración más con el sistema académico y prestan un servicio a las policías. ¿Al ser más independiente y autónomo el servicio va a ser mejor? No lo puedo asegurar pero por lo menos va a tener más controles de calidad y de confiabilidad que estando dentro de una fuerza policial.
IP: Dentro de los actores, uno que no mencionamos y del que nos gustaría hablar es el ámbito educativo, las facultades de derecho. ¿Cuál sería el acercamiento que se debería hacer a esta problemática desde ese lugar?
Es una realidad que hay que reformar la currícula de derecho, porque cuando se está formando, el abogado casi no ve materias que tienen que ver con esto. El tema de las autopsias y los levantamientos son una deficiencia muy grande que existe no solo en Argentina sino en otros países del mundo. Y me parece que el otro sector que habría que formar también es al periodismo. Cuando era director del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) hicimos cursos todos los años para periodistas de investigación de policiales y era muy interesante porque se enteraban de temas que desconocían o sobre los que informaban mal. Es fundamental que también el periodismo, que es el encargado de transmitir a la sociedad, entienda los términos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué expectativas es válido crear o no.
El periodismo de policiales que se ve, tiene un nivel muy pobre en la Argentina, salvo excepciones. Hay que especializarse y formarse.